REVOLUCION BURGUESA

• Revoluciones burguesas: Francia y Estados Unidos

Sin duda, dos movimientos marcaron la historia del final del siglo XVIII. Uno fue la Revolución francesa, y el otro, la independencia de Estados Unidos. Tanto la una como la otra tenían su sustento en las ideas de la Ilustración. A su triunfo, las revoluciones en Francia y Estados Unidos proclamaron la igualdad de los hombres ante la ley y dieron amplias libertades a los ciudadanos; una categoría que nacía precisamente con el iluminismo francés. Desde luego, estas ideas no eran del todo desconocidas en las colonias españolas. Se sabe, por ejemplo, que el cura Miguel Hidalgo era simpatizante de la Ilustración, y que muchos de aquellos que participaron en la Guerra de Independencia de México conocían con mayor o menor profundidad las ideas del liberalismo.

• Invasión francesa en España

Fernando VII, rey de España. Cuando los franceses obligaron a la familia real española a ceder sus derechos al trono de la península en favor de los Bonapartes, en varias ciudades de América se establecieron Juntas provisionales que gobernaban en nombre del soberano español. En Nueva España, la Junta de México fue suprimida por los españoles el 15 de septiembre de 1808.Véase también: España durante la ocupación francesaEste factor fue determinante, pues el clero español sabía que si Napoleón tomaba el poder en España, al tener una ideología diferente al catolicismo, perdería su poder sobre el pueblo, por esta razón también el cura Miguel Hidalgo y Costilla junto con el padre José María Morelos y Pavón iniciaron la lucha armada, para que el poder de Napoleón no afectara directamente al clero de la Nueva España. La invasión de Portugal por parte de las tropas de Napoleón en 1807 obligó la huida de la Casa de Braganza a Brasil. En España, este suceso había provocado la división de la familia real española. Instigado por Manuel Godoy, el príncipe de Asturias había planeado un complot para destituir a sus padres de la corona. Finalmente, logró que Carlos IV abdicara en su favor el 19 de marzo de 1808. Tal suceso no complació en nada a Bonaparte, que intentó forzar a Carlos IV a declarar nula su abdicación. Aunque Fernando VII intentó formar un gobierno propio y organizar España, Napoleón le condujo con engaños a Bayona, donde el 5 de mayo de 1808 lo forzó a ceder la corona a su padre, para que luego éste la entregara al francés.

• Los dominios españoles en América ante la ocupación de la metrópoli

Véase también: Antecedentes de la independencia de la América HispanaAunque aparentemente no hubo ningún cambio en la organización y los vínculos entre España y sus dominios ultramarinos en América, en realidad en cada una de las colonias había una discusión sobre quién era el verdadero soberano de las tierras americanas. El problema era que, nominalmente la soberanía de los dominios españoles radicaba en el titular de la Corona de España, no había una claridad sobre la posición que se debía guardar ante la ocupación extranjera de la metrópoli. Para algunos, la opción era reconocer al gobierno francés de ocupación. Para otros, la soberanía radicaba en Fernando VII, y por lo tanto, no estaban dispuestos a reconocer a Bonaparte como soberano. Y había un tercer grupo, influenciado por las ideas de la Ilustración y la reciente Independencia de Estados Unidos, para quienes la opción era la separación de las colonias. Hay que señalar que en realidad, estos partidos estaban formados sobre todo por los miembros de las clases altas y medias, es decir, por españoles peninsulares, criollos y algunos mestizos --muy pocos-- que habían llegado a ocupar algún cargo en la estructura de poder colonial. Para la mayor parte de la población americana, lo ocurrido en España no tenía gran significación en su vida cotidiana.En varias ciudades americanas se formaron Juntas de Gobierno, cuyo propósito fue conservar la soberanía en sustitución del legítimo rey de España, y hasta que Fernando VII fuera reinstalado en el trono, entre ellas la Junta de Montevideo en 1808, la Junta Tuitiva de La Paz en 1809, o la Junta de Quito en 1809, tenían su origen casi todas ellas en la estructura municipal, una de las instituciones de gobierno más arraigadas en el mundo hispánico. Casi todas ellas fueron dominadas por criollos ilustrados, dado que como regla general —regla en la que caben excepciones— los españoles peninsulares se oponían a la formación de gobiernos soberanos.

• Junta de México

Artículo principal: Crisis política de 1808 en México

Francisco Primo de Verdad fue uno de los personajes del Ayuntamiento de México que solicitó en 1808 al virrey José de Iturrigaray la instalación de una Junta Provisional que gobernara en nombre de Fernando VII. Iturrigaray simpatizaba con estas ideas. Finalmente, la Junta fue reprimida por un golpe de Estado contra el virrey.El 8 de junio de 1808, se recibieron en la Ciudad de México las noticias del Motín de Aranjuez que había tenido lugar los días 18 y 19 de marzo en la Península ibérica. El virrey José de Iturrigaray, que había sido elegido y beneficiado por influencia del primer ministro Manuel Godoy, se mostró consternado pues la mayor parte de los españoles peninsulares residentes en Nueva España eran enemigos de su benefactor, no obstante, ordenó los preparativos para realizar la jura y proclamación de Fernando VII como soberano de España y de las Indias. El 23 de junio llegaron las noticias del levantamiento del 2 de mayo y el 14 de julio las de las abdicaciones de Bayona, así como del nombramiento de Joachim Murat, duque de Berg y de Cleves, como lugarteniente de general del reino. Al día siguiente el virrey se reunió con los miembros de la Real Audiencia de México, se acordó guardar secreto de sus preocupaciones y cabildeos, así como de publicar la noticia de las abdicaciones en la Gaceta de México el día 16, sin dar preámbulos ni comentarios al respecto. Conociendo la situación en España, la élite novohispana no era ajena a los cuestionamientos acerca de la encarnación de la soberanía de los territorios bajo el dominio español. Debido al estado de vacatio regis que se originó, esta élite de letrados se dividió claramente en dos partidos. Para algunos, en su mayoría españoles peninsulares, cuyo portavoz era la Real Audiencia de México, el poder en Nueva España seguía radicando en el rey Fernando VII, aunque momentáneamente se encontrara ausente. Por lo tanto, la estructura social de la Nueva España debía seguir inmutable y seguir como vasallos de la Corona española, entre ellos se encontraban el regente Pedro Catani, el oidor decano Guillermo Aguirre y Viana, el oidor Ciriaco González Carvajal, el fiscal de la gran Hacienda Francisco Javier de Borbón, el fiscal Ambrosio de Sagarzurieta, el fiscal Robledo, Miguel Bataller, Pedro de Fonte, y el inquisidor Bernardo de Prado y Obejero. Para los otros, en su mayoría criollos, cuyo portavoz era el Ayuntamiento de México formado por doce regidores, dos alcaldes y un síndico, su situación era más compleja, encontraron en la crisis política una oportunidad para implantar reformas en el virreinato, entre ellos destacaron el síndico Francisco Primo de Verdad y Ramos, el auditor de guerra José Antonio de Cristo y el regidor Francisco Azcárate y Lezama, quienes fueron apoyados ideológicamente por el fraile mercedario Melchor de Talamantes.El 19 de julio, los miembros del Ayuntamiento tomaron la iniciativa, proponiendo al virrey la creación de una Junta de Gobierno, la cual respetaría los derechos de la Casa de Borbón, pero sería autónoma de sus similares en España, se habló de la posibilidad de nombrar al virrey como gobernador y capitán general de la colonia, para así defender la integridad del territorio ante una eventual invasión de los franceses. El virrey acogió con beneplácito la propuesta, pues creía amenazada su posición tras la caída de su benefactor, sin embargo la Real Audiencia ratificó su postura con la excepción del oidor dominicano Jacobo de Villaurrutia —único miembro criollo de la Audiencia— quien secundo inicialmente las propuestas, incluso propusó un congreso menos numeroso, representado por corporaciones civiles, eclesiásticas y militares. De esta forma, para el Acuerdo, se invitó a participar a los ayuntamientos de Xalapa, Puebla, y Querétaro, debatiendo de esta forma la forma en que debía proceder la colonia. El 28 de julio, nuevas noticias llegaron de España, se conoció el levantamiento general de los habitantes de la península y de los establecimientos de juntas de gobierno en nombre de Fernando VII. El 5 de agosto de 1808, el virrey José de Iturrigaray convocó a una junta para el 9 de agosto, a la que asistieron los representantes civiles, militares y eclesiásticos —sumando un total de ochenta y dos participantes— para poder debatir la situación. Los miembros de la Audiencia asistieron bajo protesta pues todos, menos Villaurrutia, consideraban innecesaria la reunión, recomendando acatar las decisiones de la Junta de Sevilla. El día de la junta, el Ayuntamiento de México fue apoyado por miembros y hacendados de los ayuntamientos de Xalapa y Veracruz, así como por algunos gobernadores de las parcialidades de indios. Primo de Verdad y Azcárate propusieron que ante la ausencia del monarca, la soberanía de la colonia debería quedar en manos del pueblo, el cual estaría representado por los diversos ayuntamientos, así como con los diputados de cabildos seculares y eclesiásticos, de esta forma la soberanía estaría delegada en un congreso.«Este gobierno provisional, añadía Verdad, proveerá a la subsistencia del virreinato y a su defensa contra extrañas agresiones, tanto más temibles cuanto más delicado y congojoso es el estado de la cosa pública, y terminó proponiendo al virrey y a la junta que jurasen por rey de España y de las Indias a Fernando VII; que también jurasen no reconocer a monarca alguno que no fuere de la estirpe real de los Borbones, defender el reino de Nueva España y no entregarlos a otra potencia ni a otra persona que no fuera de la familia real legítima.»Francisco Primo de Verdad. Los pensadores del Ayuntamiento de México, basados en las Leyes de Partida, apelaban a la teoría del contrato social en sus argumentos a favor del establecimiento de un gobierno soberano en la Nueva España, sin promover la separación de la Colonia. Sin embargo, esto no fue entendido así por el otro bando de la élite novohispana. Para ellos el establecimiento de la Junta de México era una amenaza contra la permanencia del sistema colonial del cual ciertamente eran beneficiarios. El reconocimiento de la Junta soberana, aunque fuera meramente sustituta y provisional, implicaba la renuncia a las posiciones hegemónicas en economía y política que los españoles peninsulares habían ejercido durante tres siglos. Los peninsulares fundaron sus ideas en las Leyes de Indias aduciendo que era el virrey quien debía conservar la autoridad y sus acciones deberían ser consultadas con el Acuerdo. La tesis de la soberanía popular fue condenada como anatema por el inquisidor Prado y Obejero, y en el mismo tenor se había pronunciado la Real Audiencia por boca del oidor Guillermo Aguirre. La discusión fue acalorada, aunque se discutió la posiblidad de obedecer a la Junta de Sevilla no se logró un consenso. Casi al finalizar la reunión el virrey dijo de forma irónica: "Aún es tiempo, señores, de reconocer al duque de Berg; ¿qué dicen vuestras señorías?" La respuesta negativa fue unánime e inmediata. El virrey apoyó la propuesta del Ayuntamiento y remarcó la actitud patriótica que sus miembros habían tendido, lo cual provocó un distanciamiento con los miembros de la Audiencia. Se concluyó que "no se reconocerían otras juntas en clase de supremas que las que estuviesen inauguradas, creadas, establecidas y ratificadas por Fernando VII o por quienes tuviesen sus poderes legítimos", por lo tanto las autoridades establecidas en Nueva España serían las legales y subsistentes.
El día 13 de agosto, se realizó de forma pública la jura a Fernando VII, el virrey aprovechó la ocasión para atraerse la simpatía de los habitantes y envió cartas a las Junta de Sevilla, Valencia y Zaragoza informando las resoluciones acordadas. Sin embargo, los dictámenes de la junta del 9 de agosto fueron rechazados por el intendente Juan Antonio Riaño en Guanajuato, por el intendente Manuel de Flon en Puebla y por la Audiencia de Guadalajara, quienes declararon nulas las decisiones tomadas en la capital, prefiriendo acatar lo que determinasen las juntas de España. Asimismo, el Ayuntamiento de Querétaro —conformado en su mayoría por europeos— decidió retractarse del apoyo inicial ofrecido. El día 27 de agosto, la Inquisición de México publicó un edicto, declarando "heréticas y sediciosas" las proposiciones que atacaban a la autoridad divina de los reyes y que proponían la "herejía de la soberanía del pueblo".Cuatro días más tarde llegaron dos comisionados de la Junta de Sevilla a la Ciudad de México, habían logrando detener en Veracruz la correspondencia que había enviado el virrey. El 31 de agosto se celebró una reunión general, los miembros de la Audiencia aprovecharon la ocasión para acceder a las peticiones de los comisionados y dar marcha atrás a las resoluciones del 9 de agosto, increpando ineptitud al virrey. Esa misma noche, Iturrigaray recibió una carta de la Junta de Asturias, la cual no reconocía la autoridad de su similar de Sevilla declarándose así misma como soberana. El virrey convocó una nueva reunión para el día 1 de septiembre en la cual expusó que ninguna de las juntas formadas en España reconocía la soberanía de las otras, por tal motivo con mayoría de votos se suspendió el reconocimiento otorgado a la de Sevilla. Iturrigaray envió nuevamente cartas a las Juntas de Sevilla y Asturias para notificarles la resolución, así como a los Ayuntamientos a quienes solicitó enviar representantes a la Ciudad de México. No obstante, para ayudar a la Metrópoli, el virrey dispuso de catorce y medio millones de pesos de las cajas del Tesoro los cuales deberían ser embarcados en el navío San Justo en Veracruz, adicionalmente envió cien mil pesos para ayudar a la Junta de Sevilla.
El 9 de septiembre se celebró una última junta general, la cual sólo sirvió para irritar los ánimos y aumentar el antagonismo entre americanos y europeos. Durante los días siguientes una serie de rumores difamatarios hacia la persona del virrey corrieron por la Nueva España, se dijo que éste estaba próximo a quemar el santuario de Guadalupe y que tenía listos los títulos nobiliarios que habría de designar a los miembros de su familia. Los peninsulares respaldados por el consentimiento de los comisionados de la Junta de Sevilla decidieron deponer al virrey, eligieron al hacendado Gabriel de Yermo para liderar un golpe de Estado, el cual se llevó a cabo la noche del 15 de septiembre de 1808.
El palacio virreinal fue asaltado por un contingente de trescientos hombres, al mismo tiempo fueron aprehendidos los licenciados Cristo, Primo de Verdad, Azcárate y el fraile Talamantes. El octagenario capitán Pedro de Garibay fue nombrado virrey sustituto de Nueva España, ejerció el cargo conforme a los designios de la Real Audiencia de México hasta mayo de 1809. El virrey, junto con su familia, fue conducido en el navío San Justo a Cádiz, en donde se le realizó un proceso judicial. Villaurrutia fue excluído en su calidad de oidor. El 4 de octubre de 1808, Primo de Verdad murió de forma extraña en la cárcel del Arzobispado. El 9 de mayo de 1809, Talamantes murió de fiebre amarilla en la cárcel de San Juan de Ulúa. Después de una breve tiempo en prisión, Antonio de Cristo fue destituido de la Auditoría de Guerra. Azcárate fue encarcelado en el convento de Betlemitas, lugar en donde permaneció preso hasta diciembre de 1811.
La Real Audiencia de México informó a la Junta de Sevilla los sucesos acaecidos, argumentando que el "pueblo enardecido" había sido el responsable del derrocamiento del virrey. El nuevo gobierno virreinal envió cartas a la Suprema Junta de Sevilla reconociendo su soberanía. A diferencia de lo que sucedió en otros virreinatos, el golpe de Estado en Nueva España impidió que se estableciera una Junta local, pero el objetivo frustrado no dejó de ser un anhelo para los criollos novohispanos.

• Juntas Suprema Central en España

Artículo principal: Junta Suprema Central

En julio de 1808, José Bonaparte —monarca de España designado por su hermano— invitó a los virreinatos de América y a las capitanías de Cuba y Guatemala, a que enviaran seis representantes para participar en una convención constitucional para trabajar en el Estatuto de Bayona. Los americanos declinaron la invitación. La victoria de la Batalla de Bailén ocurrida en ese mismo mes, forzó a los franceses a retirarse momentáneamente de Madrid, permitiendo que las múltiples juntas españolas se pusiesen de acuerdo para formar el 25 de septiembre, la Junta Suprema Central, la cual se estableció inicialmente en Aranjuez, posteriormente debido a las nuevas incursiones del ejército francés, se trasladó a Sevilla, Cádiz y a la Isla de León. Las ayudas económicas enviadas desde Nueva España, fueron utilizadas para reorganizar al ejército español que continuaba su lucha contra el Imperio napoleónico.
El 22 de enero de 1809, la Junta Suprema Central emitió un decreto en el cual reconoció que los dominios americanos eran parte integrante de la monarquía y merecían tener una representación en la propia Junta, por tal motivo se debería de nombrar un representante de los virreinatos de México, Perú, Nueva Granada y Buenos Aires, así como de las capitanías generales de Cuba, Guatemala, Chile y Venezuela. En el decreto se especificó que los ayuntamientos de las capitales provinciales eligirían a tres candidatos de "notoria probidad, talento e instrucción", de los cuales se escogería uno por sorteo, después el Real Acuerdo elegiría del grupo, nuevamente a tres candidatos para seleccionar mediante otro sorteo, al representante definitivo que habría de asistir a la Junta Central. Mientras que por otra parte, en la península, cada provincia contaba con dos diputados para la Junta Central, es decir, fueron nombrados treinta y seis o más vocales para España y para toda América solamente nueve. Los americanos protestaron la representación inequitativa. En Nueva España, los criollos que tenían ideas autonomistas perdieron la esperanza de obtener resultados favorables para su causa en la metrópoli.
En febrero de 1809, apareció en las ciudades de México, Puebla, Querétaro, Oaxaca y Zacatecas, una proclama que declaraba que los soldados españoles estaban sucumbiendo ante las fuerzas francesas, por tanto se pedía el establecimiento de un gobierno autónomo para Nueva España para así defender a Fernando VII y a la religión católica. El autor fue el abogado Julián de Castillejos, quien se reunía habitualmente en tertulias literarias con el marqués de San Juan de Rayas. Cuando se les interrogó, negaron toda responsabilidad. Los oficiales reales los dejaron ir, pero se les mantuvo en estrecha vigilancia.
En marzo de 1809, se recibió una carta proveniente de Río de Janeiro de Carlota Joaquina de Borbón, quien a sabiendas de la prisión de su hermano Fernando VII, solicitó que se aceptase a su hijo Pedro como regente de Nueva España. Las noticias provocaron alarma al virrey Garibay y a los oidores de la Audiencia —creyendo que todo se trataba de una argucia de Napoleón— respondieron con evasivas a la infanta. Pero en mayo, una nueva carta fue recibida, la actitud de la infanta se concentró tan solo en exhortar a la defensa de los dominios españoles y en agradecer las acciones realizadas en septiembre de 1808. El reconocimiento de la carta, estimuló al virrey a girar órdenes de aprehensión contra cualquier sospecha de maquinaciones sediciosas, entre las víctimas se encontraron el fraile Sugasti, el platero José Luis Rodríguez Alconedo —a quien se le imputó que labraba la corona de Iturrigaray— el escribano Peimbert, Antonio Calleja y el cura Palacios entre algunos otros. A pesar de que Pedro de Garibay cumplió los designios de la Real Audiencia, debido a su avanzada edad, los peninsulares escribieron cartas a la Junta Central solicitando el nombramiento de un nuevo virrey. En respuesta, se designó al arzobispo de México Francisco Javier de Lizana y Beaumont, quien asumió el cargo el 19 de julio de 1809.

• Conjura de Valladolid

Artículo principal: Conjura de Valladolid

Durante septiembre de 1809, una nueva conjura con los planes de instalar una Junta autónoma en Nueva España comenzó a fraguarse en Valladolid. Participaron el teniente José Mariano Michelena, los militares José María García Obeso, Mariano Quevedo, Manuel Muñíz, Ruperto Mier, los juristas José Nicolás Michelena, José María Izazaga, el licenciado Antonio Soto Saldaña, el cura de Huango Manuel Ruiz de Chávez, fray Vicente de Santa María y Luis Correa entre otros. Los conjurados además de haber obtenido seguidores en Guanajuato, Querétaro, San Miguel el Grande y Guadalajara, pretendían buscar el apoyo de miles de hombres entre los indígenas y las castas, —prometiéndoles la abolición de tributos— para emprender un levantamiento el 21 de diciembre de 1809. Pero el sacerdote de la Catedral de Morelia, Francisco de la Concha, notificó los planes. En consecuencia, fueron aprehendidos casi cuarenta sospechosos.
Lizana y Beaumont siempre se mostró interesado en lograr una actitud conciliatoria entre americanos y europeos, El licenciado Carlos María de Bustamante se desempeñó como defensor de los acusados, argumentó que "el día que se ahorquese el primer insurgente, España tendría que perder la esperanza de conservar América". El virrey optó por otorgarles la libertad, pero los peninsulares que nunca habían simpatizado con el nombramiento del virrey, reprocharon esta decisión, incrementando aun más su animadversión. Mientras tanto, en España los franceses avanzaban nuevamente en sus planes de conquista.

• Convocatoria a las Cortes de Cádiz

Artículo principal: Cortes de Cádiz

El 29 de enero de 1810, la Junta Suprema Central refugiada en la Isla de León, decidió autodisolverse para formar con cinco miembros el Consejo de Regencia de España e Indias. El único americano que formó parte de la Regencia fue el novohispano Miguel de Lardizábal y Uribe, quien a la sazón radicaba en la península. El resto de los miembros de la Junta, incluyendo a los representantes americanos que aún no habían llegado, fueron relevados de sus obligaciones. La noticia se publicó el 7 de mayo en la Ciudad de Méxio, se prestó juramento de obediencia y fidelidad a este órgano al que se le consideró con la misma autoridad de Fernando VII. El objetivo primordial de la Regencia fue convocar a las Cortes de Cádiz, el 14 de febrero de 1810, se invitó a los representantes americanos a participar en la redacción de una nueva constitución y se emitió una proclama que prometía un cambio para los criollos:«Desde este momento os veis elevados a la dignidad de hombres libres, no sois ya los mismos que antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro mientras más distantes estábais del centro del poder, mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. Tened presente que al pronunciar o al escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el Congreso Nacional, vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores. Están en vuestras manos..»Manifiesto del 14 de febrero de 1810 de la Regencia.
Mientras que se celebraron las elecciones de diputados en América, se nombraron treinta diputados suplentes radicados en la península, para representar a las provincias ultramarinas, de los cuales siete correspondieron a Nueva España. La Audiencia de México solicitó a la Regencia la destitución del virrey Lizana, de tal suerte que sus miembros gobernaron desde el 8 de mayo hasta el 13 de septiembre de 1810, fecha en la que llegó Francisco Xavier Venegas a ocupar el cargo. Fueron elegidos diputados para representar a las provincias de Nueva España, José Ignacio Beye de Cisneros por México —quien simpatizaba con los insurgentes—, José Simeón Uría por Guadalajara, José Cayetano de Foncerrada por Valladolid, Joaquín Maniau y Torquemada por Veracruz, José Florencio Barragán por San Luis Potosí, Antonio Joaquín Pérez por Puebla, Miguel González Lastri por Yucatán, Octaviano Obregón por Guanajuato, Mariano Mendiola por Querétaro, José María de Gordoa por Zacatecas, José Eduardo Cárdenas por Tabasco, Juan José de la Garza por Nuevo León, Juan María Ibáñez de Corvera por Oaxaca, José Miguel Guridi y Alcocer por Tlaxcala, Manuel María Moreno por Sonora, Juan José Güereña por Durango y Miguel Ramos Arizpe por Coahuila, No obstante, la noticias del asedio de Cádiz y de la dominación francesa en la península despertaron nuevamente en América el deseo de establecer Juntas autónomas de gobierno. En abril se formó la Junta Suprema de Caracas, en mayo la Junta de Buenos Aires, en julio la Junta de Santa Fe de Bogotá, y en septiembre la Junta de Chile. En Nueva España una nueva conspiración se maquinaba, aunque en todo el reino se efectuaban las elecciones de los diputados que habrían de asistir a las Cortes de Cádiz, los criollos novohispanos estaban resentidos por el derrocamiento de Iturrigaray que habían planeado los españoles peninsulares o gachupines.